Hasta doce Comunidades Autónomas han anunciado modificaciones en sus impuestos de Sucesiones y Donaciones, sobre todo bonificaciones al 99%, y más del 50% de las regiones también han anunciado reducciones en el impuesto sobre la renta.
Concretamente, los gobiernos autonómicos del PP en Baleares, La Rioja, Comunidad Valenciana y Canarias anunciaron la aplicación de diversas medidas fiscales en sus territorios entre las que se incluía la bonificación total del impuesto de Sucesiones y Donaciones. Asimismo, en Aragón y Cantabria, también gobernadas por el PP, se ha optado por rebajar este gravamen. No obstante, la mayoría de autonomías gobernadas por el PSOE también cuenta con esta rebaja para algunos grupos, tributos simbólicos, que representa una carga fiscal mínima en comparación con otros beneficiarios o circunstancias.
Por tanto, en el caso de descendientes menores de 21años no hay impuestos, o se pagan tributos simbólicos (bonificados casi al 100%) en Andalucía, Asturias, Baleares, Canarias, Castilla y León, Galicia, Extremadura, País Vasco, Navarra, Murcia, Comunidad Valenciana y Madrid, donde es del 99% para descendientes, ascendientes y cónyuges y de hasta el 25% entre hermanos, tíos y sobrinos.
Cambios en el IRPF
Además de esta medida, muchas de estas comunidades también han rebajado el IRPF, como por ejemplo, Madrid, Navarra, País Vasco, Andalucía y Baleares.
Este enfoque en materia fiscal se ha desarrollado para aliviar la carga impositiva para los ciudadanos, promover el crecimiento económico y contrarrestar los efectos de la inflación. La estrategia implica ajustar los tramos impositivos de acuerdo con la inflación, lo que ayuda a evitar que los contribuyentes se vean afectados negativamente por la progresividad del impuesto sobre la renta.
En este escenario, y como premisa para aprobar los Presupuestos Generales del Estado, también entra en juego Yolanda Díaz que ha pedido la armonización del impuesto de sucesiones. Una demanda que se alinea con la propuesta previa de su formación de establecer un impuesto nacional a las herencias, como parte de una política de redistribución de la riqueza y una medida para aumentar la recaudación fiscal.
La armonización fiscal de este gravamen implicaría establecer criterios comunes a nivel nacional, lo que podría significar cambios significativos en la fiscalidad relacionada con las herencias en todas las comunidades.
Presupuestos para abril
Además, a este cóctel se añade el voto en contra a los objetivos de estabilidad por el PP, junto con Vox y UPN, lo que ha provocado que estos sean rechazados, e implica un retraso en la aprobación de los PGE, que probablemente se dará en abril en lugar del marzo inicialmente previsto. El PP condicionó su voto en el Senado a una serie de exigencias, incluyendo la rebaja de impuestos, compartir objetivos fiscales con las comunidades y un fondo de políticas sociales para estas administraciones.
Aun así, algunas de estas medidas que reclaman no estaban contempladas en la hoja de ruta del partido. De hecho, Feijóo no consideraba una bajada de impuestos en su programa para las elecciones generales. Ante esto, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, advirtió que los nuevos objetivos de déficit serán más perjudiciales para comunidades y ayuntamientos. Y es que también la ministra advierte que las comunidades autónomas enfrentarán un desafío fiscal significativo en 2025 si no cambian las cosas. Se espera que experimenten una disminución en sus ingresos y se vean obligadas a realizar ajustes presupuestarios debido a una reducción en las entregas a cuenta por parte del Gobierno central.
En este contexto, la propuesta fallida de los objetivos de estabilidad de Montero radicaba en permitir un déficit del 0,1% del Producto Interno Bruto (PIB) a las comunidades, un margen que contrasta con el equilibrio presupuestario fijado en el plan de estabilidad. Sin embargo, la situación se torna más compleja para los ayuntamientos, ya que el plan anterior les imponía un superávit del 0,2% del PIB, algo que anteriormente había sido negado por Hacienda. Esta discrepancia se basaba en la interpretación de la ley que, según el ministerio, no permitía exigir superávit a ninguna Administración. Sin embargo, el nuevo plan de estabilidad cambia drásticamente esta situación al incorporar objetivos de superávit para los ayuntamientos, estableciendo un equilibrio presupuestario del 0%.
Además, el texto propone un déficit del 3% para el conjunto del Estado este año, cumpliendo con la vuelta de las reglas de gasto a nivel comunitario. Para el próximo ejercicio, se plantea un déficit del 2,7%, y del 2,5% para el año 2026.
