La decisión del Gobierno español de posponer la solicitud de los préstamos del Plan de Recuperación podría pasarle factura. La senda alcista que recorren los tipos de interés, siguiendo la política marcada por el Banco Central Europeo, se reflejará en la decisión de España de aplazar la solicitud de los créditos Next Generation. Algo que redundará en un aumento de los costes de préstamo para las empresas, llegando a duplicarse respecto a la primera mitad de 2022. Lo que podría, incluso, comprometer el acceso de las compañías esta financiación.
España decidió solicitar primero a Bruselas el desembolso de fondos para acceder, más tarde, a los créditos al amparo de la, todavía pendiente de presentar, revisión del Plan de Recuperación. Sin embargo, otros países como Italia, Portugal, Grecia, Chipre y Rumanía ya han solicitado y recibido los préstamos asociados a sus respectivos planes de salida de la pandemia. Unos créditos concedidos a un tipo de interés del 0,14% en la segunda mitad de 2021, al 1,24% en el primer semestre de 2022 y al 2,6% entre junio y diciembre del pasado ejercicio.
Fuentes del Gobierno estiman que para junio el tipo de interés aplicado a los créditos Next Generation se situará en el 3%, lo que supone duplicar la ratio aplicada al primer desembolso de préstamos que recibieron Grecia e Italia en abril de 2022 o Portugal en mayo del mismo ejercicio –sin considerar la prefinanciación de agosto de 2021–. Por lo que el desembolso de créditos Next Generation a España tendrá un coste superior por no haberlos solicitado con antelación.
Considerando que, además, los créditos que se conceden a las compañías aplican 100 puntos básicos adicionales para asumir el riesgo de posibles impagos, las empresas se financiarían a un tipo del 4% lo que podría restarles interés a la hora de acceder a tales créditos e incluso acotar la capacidad de asumir estos costes solo a grandes compañías.
Si en verano, la ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, ponía fecha en otoño para la presentación de la adenda del plan de Recuperación, llegado el momento se vio a retrasarlo a finales de año. Transcurridos varios meses, Bruselas todavía no ha recibido la modificación del plan, por el que España pretende acceder a 84.000 millones de euros en créditos favorables. Algo que podría suponerle costes adicionales, con la previsión de que los tipos de interés continuarán al alza.
Todo apunta a que así será, ya que las condiciones de los préstamos dependen directamente de las condiciones del mercado. Aunque es cierto que los préstamos comunitarios se ejecutan a tipos de interés más bajos que los del Banco Central Europeo, al 3,5%, la senda alcista que parece que proseguirá el organismo presidido por Christine Lagarde sienta las bases para una subida de los costes de endeudamiento de los Estados miembro.
Los tipos que aplica la Comisión Europea se fijan de forma semestral. Los del primer periodo del año de 2023 no se conocerán hasta junio, pero los del segundo intervalo de 2022 se fijaron al 2,6%, en el 1,24% en la primera mitad del pasado año y en el último periodo de 2021, cuando los países sólo pidieron prefinanciación, fue de 0,14%.
En tal ecuación hay más variables a considerar pues, igual que con los fondos Next Generation, los créditos del Plan de Recuperación se desembolsan en varios tramos en base al cumplimiento de hitos y objetivos por parte de un Estado miembro. Por lo que, al final, el tipo de interés que se aplique a estos préstamos variará en función del momento en que se entregue, y no del que lo pida España.
Con todo, el Gobierno español ya ratificó al Ejecutivo comunitario su interés en presentar la modificación del Plan de Recuperación para canalizar todos los créditos disponibles, un aviso que los países de la UE tenían que dar antes de finalizar marzo. De todas formas, los Estados miembro cuentan de plazo hasta el 31 de agosto para solicitar formalmente estos préstamos.
Y como para la fijación de los tipos de interés que corresponderán a cada desembolso de los créditos hay que tener en cuenta las condiciones del mercado, eso implica también el mercado de bonos. Y es que la UE pide prestado este dinero al mercado, en eso consiste la gran revolución que ha supuesto el Plan de Recuperación, la emisión de deuda conjunta en la UE.
Los tipos de interés que aplica Bruselas se determina en intervalos de seis meses, en los que se aplica la misma ratio. Según la regulación europea, el cálculo del coste de financiación de las operaciones préstamo a largo plazo se deriva de los costes de todas las operaciones de préstamo realizadas durante el período de seis meses en el que, por regla general, se sitúa la fecha del desembolso.
Así, el texto legal establece que «el conjunto exacto de instrumentos de financiación sólo se fija al cierre del compartimento temporal de seis meses» para permitir el mismo coste de financiación a cualquier desembolso simultáneo atribuido al mismo compartimento temporal para «garantizar un enfoque justo, equitativo y transparente entre los Estados miembro».
Países que han presentado la adenda
Portugal, Italia, Grecia, Chipre y Rumanía han accedido a los présamos Next Generation, aunque no se trata de países que hayan presentado aún la revisión de sus respectivos planes. La adenda tan sólo ha sido presentada por Alemania, Luxemburgo, Finlandia y Estonia, no obstante, ninguno de ellos ha demandado los créditos. En el caso de Estonia, la modificación del plan se encuentra todavía en proceso de evaluación por el Ejecutivo comunitario. A finales del año pasado, la ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, presentó el proyecto de adenda al Plan de Recuperación en la Comisión Mixta Congreso-Senado. Pendiente todavía de ser remitida a la Comisión Europea, esta revisión del plan incluye 7.700 millones de euros en fondos adicionales, con lo que se movilizarán 94.300 millones de euros y abarca, también los 84.000 millones de euros en préstamos, y los casi 2.600 millones del mecanismo REpowerEU, puesto en marcha para romper con la dependencia energética de Moscú. Tras su presentación, la Comisión Europea cuenta con dos meses para su evaluación, a lo que seguirán cuatro semanas para los Veintisiete den su aprobación.
