AESAE se ha ofrecido a colaborar con la Agencia Tributaria en todo lo que esté en su mano. Además, los representantes de la patronal han pedido no esperar al 28 de marzo, sino tomar medidas, desde hoy, para salvar un fraude que puede costarle al erario público una cantidad cercana a los 1.000 millones de euros, perjudicando a todos los contribuyentes y por supuesto al sector, pues desvirtúa la libre competencia.
La Agencia Tributaria ha manifestado conocer los posibles implicados en la venta, y la dificultad de realizar una intervención en este momento, pero se ha mostrado dispuesta a recordar a los compradores que ellos también tienen una responsabilidad, que incluso podría ser penal, si se cumplen las exigencias que en nuestro Código Penal rigen para este ilícito.
A juicio de AESAE, si no se actúa ya contra este posible fraude, se extenderá más allá del 28 de marzo puesto que cambiarán su modus operandi.
