El canciller alemán, Olaf Sholz, recordó el lunes a Pedro Sánchez que las reglas fiscales están para cumplirse. El razonamiento germánico es sencillo: Si España puede disponer ahora de 140.000 millones de fondos europeos para transformar su economía es porque antes se produjo un ahorro. Sánchez enmudeció. La alianza que quiere forjar con Alemania para contrarrestar la creada por Enmanuel Macron y Mario Draghi está en el aire. Scholz tiene muchos compromisos que atender antes que a Sánchez.
Unos días antes de viajar a Madrid, el canciller se desayunó con las declaraciones del nuevo presidente del Busdesbank, Joachim Nagel, advirtiendo de que existe riesgo de que la inflación permanezca alta más tiempo del esperado y sea necesaria una respuesta del Banco Central Europeo (BCE). Una opinión refrendada por su ministro de Finanzas, el liberal Christian Lindner.
Los jubilados alemanes llevan años sin obtener retornos por sus ahorros, y ahora que la inflación alcanza el 5 por ciento no quieren perder más poder adquisitivo.
Hasta la presidenta del BCE, Christine Lagarde, empieza a dar su brazo a torcer. En el acto de bienvenida a Nagel recordó que «el compromiso del BCE con la estabilidad de precios es inquebrantable«. Las actas del último consejo del BCE también reconocen textualmente que «no se puede descartar un escenario de inflación elevada durante mucho tiempo«.
Lagarde, conocida por el sobrenombre de Madame Inflation en Alemania, asegura que no seguirá los pasos de la Reserva Federal, que se dispone a subir los tipos de interés este mes de marzo, aunque probablemente tenga que acelerar el plan de retirada de estímulos si los precios no se corrigen.
Las tensiones surgidas entre la OTAN y Rusia en torno a Ucrania tienen una consecuencia clara: el incremento del coste del gas en Europa, que posteriormente se trasladará a los precios al consumo. El 40 por ciento del gas europeo procede de Rusia. Putin ha reducido al mínimo posible el suministro a Alemania, que está recurriendo a la producción de carbón para salvar el problema.
Si Putin cierra más el grifo, el fantasma de un apagón en Centroeuropa, que lleva rondando en la cabeza de los analistas energéticos desde hace tiempo, se convertiría en una realidad. La cercana república de Moldavia declaró el estado de emergencia por la falta de entrega de gas por parte de Gazprom.
¿En qué circunstancias se podría llegar a ese extremo? Desde luego, en caso de que se produjera una invasión de Ucrania. ¿Qué posibilidades hay?
Los expertos descartan una invasión completa, pero sí ven probable una incursión en la región de Donbass, una zona rica en todo tipo de minerales, que pretende declararse independiente y que está en el punto de mira del presidente ruso para anexionarla, como ya ocurrió con Crimea.
¿Cómo reaccionaría la OTAN, dado que Ucrania no es uno de sus socios? Esa es la gran incógnita. El eje franco-alemán está dividido. Sholz guarda un espeso silencio mientras que Macron es partidario de la vía del diálogo. Las tensiones se dispararon el jueves, después de que el presidente Joe Biden endureciera su posición y pasara a defender que la incursión de un solo soldado ruso en Ucrania se consideraría como «casus belli» por parte de la OTAN. Aunque el viernes decidido seguir adelante con las negociaciones.
La escalada de tensiones así como las incertidumbres y su repercusión en los precios, se extenderán mientras dure el conflicto. El coste del gas ya se cuadruplicó el año pasado, mientras que el petróleo subió más del 10 por ciento este año y amenaza con alcanzar los cien dólares el barril. Rusia es nuestro segundo mayor suministrador de crudo.
España es uno de los países que más tiene que perder en caso de que el alza de la inflación acelere la retirada de estímulos ó si subieran los tipos de interés porque su deuda alcanza el 120 por ciento del PIB y está en su mayoría en manos de inversores internacionales, que saldrían corriendo ante un cambio brusco en la confianza de los mercados.
Por eso nadie se explica, el apoyo explícito a una intervención de la OTAN que en los últimos días dieron tanto el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, como la titular de Defensa, Margarita Robles.
En Moncloa quitan hierro al asunto y defienden un futuro espléndido basado en el nuevo paradigma económico, consistente en tirar de fondos públicos para sostener ó incluso acelerar el crecimiento de la economía, como se ha hecho en pandemia.
No quieren volver a los objetivos de déficit del pasado y proponen que las inversiones públicas con fines sostenibles no computen para el déficit ó abrir la mano para permitir subvenciones a las empresas, como ha hecho Europa con los chips.
Con siete de los 17 miembros de la UE regidos por gobiernos socialdemócratas, Sánchez tiene una oportunidad de oro para sacar adelante sus propósitos. Pero es ¿España un socio fiable para los demás? Sánchez fue el segundo mandatario europeo con el que se reunió oficialmente Sholz después de su designación. Pero la minicumbre de Moncloa terminó con cara de pocos amigos.
Con el fin de la pandemia, el Gobierno tendrá que meter las cuentas en vereda. El único camino es incrementar la presión fiscal. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, convocará pronto a su comisión de expertos para escuchar el veredicto sobre la reforma fiscal, aunque ya se lo imaginan.
Entretanto, el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, ha presentado el plan para que los autónomos coticen por sus ingresos. Escrivá asegura que dos de cada tres pagarán menos impuestos, pero lo cierto es que no sólo sube la aportación mínima, desde la patronal ATA se estima en el 40 por ciento el incremento medio.
El Gobierno tiene que superar otro reto para ganarse la confianza de sus socios europeos: la eficacia en la gestión de los fondos. Lo tiene complicado. El PP, consciente de la importancia de estos recursos para el Ejecutivo, quiere abrir una batalla para denunciar sus ineficiencias, que son muchas.
Pablo Casado asegura que de los 24.000 millones recibidos por España el pasado ejercicio, sólo llegaron cien millones a sus perceptores. La CEOE incrementa esta cifra hasta mil millones. Calviño asegura que dos tercios están ya comprometidos. ¿Pero cuántos alcanzaron a su distinatario final? El Gobierno admite que prácticamente ninguno, porque el 46 por ciento se entregaron a las autonomías, que aún no los han distribuido.
En el caso de la Administración central, los ministerios tienen el dinero retenido en espera de recibir el visto bueno de Moncloa. La parálisis es monumental. Para más Inri, el Gobierno se niega a crear una comisión ó a compartir los criterios del reparto con los gobiernos autonómicos y con la oposición, lo que da pie a éstos para acusarle de que hace el reparto a dedo ó con criterios políticos.
Los dos primeros políticos en denunciar la distribución de estos recursos fueron Isabel Díaz Ayuso y Alberto Núñez Feijoo. Pero les seguirán otros, lo que puede dar pie a los socios frugales europeos a pedir una mayor supervisión de las ayudas ó incluso la paralización de alguno de los programas.
Con un calendario electoral apretado por delante (comicios en Castilla y León y en Andalucía), es difícil que el Gobierno alcance nuevos acuerdos con la oposición ó con la patronal. La reforma laboral y de pensiones, las dos iniciativas claves exigidas para aprobar el segundo tramo de las ayudas por más de 20.000 millones, se implementarán sin el apoyo de la patronal de Garamendi.
Sánchez se adentra en un campo de minas, con muchas frente abiertos: retirada de estímulos, alza de tipos de interés ó las posibles sanciones económicas rusas, que nos convertirían en una víctima del conflicto como ya pasó tras la invasión de Crimea, por eso no se entiende el ardor verbal de sus ministros en defenderlo.
PD.-Los sindicatos de la planta de Ford en Almussafes tienen hasta el próximo jueves para alcanzar un acuerdo con la dirección de la compañía, que gira en torno a dos puntos, recortes salariales y mayor flexibilidad laboral. Son las únicas bazas que cuentan en la fábrica valenciana para evitar que la producción de la nueva gama eléctrica se haga en Alemania en lugar de en nuestro país.
Dónde está la vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que no ha levantado la voz en contra de la devaluación salarial, que tanto critica de la etapa de Rajoy. Esta vez miró para otro lado. El problema es que sin marcas automovilísticas propias u de otro tipo, la única manera de retener la inversión es con costes bajos y flexibles.
