La principal asociación de la Guardia Civil ha terminado de explotar contra las motos eléctricas que les ha puesto Fernando Grande-Marlaska. JUCIL ha remitido un informe al Ministerio de Interior en el que solicita la «inmovilización inmediata de todas las motocicletas asignadas al servicio de Protección de la Naturaleza» por no tener la autonomía que necesita un guardia civil en su función y por «defectos graves». El ministro, pese a ello, sigue, por ahora, empeñado en mantener las motos ecologistas.

El informe de JUCIL señala que «recientemente diferentes unidades del Seprona han sido dotadas de nuevas motocicletas eléctricas. Una vez han sido puestas en funcionamiento y realizados servicios propios de la especialidad, creemos importante analizar con objetividad las características de este vehículo con el fin de dar a conocer importantes deficiencias observadas«.

JUCIL destaca, en primer lugar, que «los componentes de las patrullas del Seprona, no han recibido formación para la conducción de estas motocicletas eléctricas […] que tienen unas características y manejo diferente a las motocicletas habituales de motor de combustión». Y «que, al carecer de la formación especifica para su manejo, pueden provocar y han provocado accidentes ocasionando lesiones y daños materiales».

Añade el estudio que «la motocicleta no es apta para la conducción todo terreno en caminos, pistas, campo y zona forestales propio de la especialidad por carecer de neumáticos todo terreno o enduro»; por tener «unas defensas laterales que imposibilitan la conducción todo terreno, por entorpecer sacar la pierna buscando posibles apoyos»; porque estas «defensas sobresalen por los laterales de la moto, de forma que puede ocasionar que en la conducción por zonas forestales golpee con rocas, troncos, ramas o cualquier otro elemento del medio natural, pudiendo ocasionar un accidente»; porque «se desconoce si este elemento está homologado o consta en ficha técnica»; porque «la motocicleta dispone de una transmisión por correa» que «puede ocasionar que en conducción campo a través, cualquier elemento entre en la corona y desmonte la correa de su sitio o se rompa, lo que provocaría una avería o en el peor de los casos, un accidente del motorista»; y porque estas motos «disponen de una autonomía muy limitada, si se realiza una conducción mixta, urbana, carretera y campo, difícilmente alcancen los 80 Km. de recorrido o dos horas de autonomía efectiva. Es como salir con un vehículo de gasolina en reserva«.

JUCIL denuncia también que «las motocicletas han sufrido el recorte total de la parte posterior del guardabarros delantero, no cumpliendo su finalidad, que es evitar que la arena, grava, piedras, barro y otros elementos del camino salgan lanzados por el aire. La energía cinética hace que estas piezas sean expulsadas a gran velocidad, pudiendo ocasionar daños a la moto, a su ocupante, al resto de vehículos o incluso a peatones y usuarios». Y, además, «según el Real Decreto 2822/1998, por el que se aprueba el Reqlamento General de Vehículos, la carrocería del vehículo estará diseñada de forma que se eviten en lo posible las salpicaduras de las ruedas o, en caso contrario, los vehículos deberán estar equipados con protecciones adecuadas a tal efecto».

Y, por todo ello, los guardias civiles de JUCIL reclaman la «inmovilización inmediata de todas las motocicletas asignadas al servicio de Protección de la Naturaleza«.

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