• El dominio de China llega a Tesla: el 17% de sus proveedores ligados a los coches eléctricos son chinos

 

estanque-evaporacion-litio-argentina
Estanque de evaporación de litio en Argentina. Bloomberg.
 
Madridicon-related 

 

La crisis energética y la invasión rusa de Ucrania aceleraron la transición verde, empujando a empresas y países de todo el mundo a la producción de tecnología más respetuosa con el medioambiente. Como resultado, en 2022 hubo 26 millones de coches eléctricos, un aumento del 60% respecto a 2021, según la Agencia Internacional de la Energía. Estos vehículos, así como otros productos, operan con baterías eléctricas, las cuales, a su vez, requieren de litio para funcionar. Ello ha generado una pugna mundial por este mineral crítico, denominado ‘diamante blanco‘, en la cual EEUU trata de superar a China, país que va ligeramente adelantado en esta carrera.

China tiene un dominio sobre los procesamientos intermedios de los minerales críticos como el litio, que ha provocado inquietud en el Foro de Davos y la AIE, especialmente en la rama del refinado. A nivel general, posee el 65% del refinado químico mundial. En cuanto al litio, controla el 50% del refinado mundial de este metal. Sin embargo, el gigante asiático quiere más: según informó The Wall Street Journal el pasado mes de mayo, la cantidad invertida por firmas chinas en los últimos dos años ascendió a los 4.500 millones de dólares, repartidos en proyectos ubicados en once países diferentes.

De toda esta inversión, la mitad acabó en países localizados en América Latina y África. Ello se debe a que en el sur de América se encuentra el Triángulo del Litio, una región formada por Argentina, Bolivia y Chile que concentra del 50% al 60% de las reservas de litio a nivel mundial. Por su parte, África posee el 30% de las reservas de este mineral a nivel mundial.

Por lo tanto, no es de extrañar que la firma china Ganfeng Lithium tenga actualmente cuatro proyectos en desarrollo en Argentina, cuya inversión ascenderá a los 2.700 millones de dólares con el objetivo de producir 74.000 toneladas de carbonato de litio al año. Por su parte, otra firma china, Tibet Summit Resources, invertirá 1.700 millones de dólares en dos proyectos de extracción de litio, cuya producción conjunta estimada oscila entre las 50.000 y las 100.000 toneladas de litio anuales.

Un caso paradigmático es el de Mariana Lithium Project de Ganfeng Lithium, un proyecto ubicado en el salar de Llullaillaco, localizado en la cordillera de los Andes, en el interior de la provincia argentina de Salta. Para la construcción de este proyecto -cuya producción estimada asciende a las 20.000 toneladas de litio anuales-, la firma destinó el 70% de la inversión inicial a la construcción de varios estanques de evaporación y de una planta de procesamiento. Estos elementos son necesarios para extraer el mineral, el cual se encuentra acumulado bajo el estrato de los lagos de sal. En primer lugar, se bombea el agua a la superficie y se mantiene al aire libre para que se evapore. Posteriormente, en una planta de procesamiento, se eliminan las impurezas para producir carbonato de litio.

Todo este proceso tiene un impacto muy negativo en el medioambiente. Esa es la razón por la que los países desarrollados optaron por no potenciar la extracción de este mineral, mientras que China escogió la política contraria. Por ello ha aumentado su dominio en la cadena de suministro de este mineral crítico, fundamental para la construcción de baterías usadas en vehículos eléctricos o teléfonos móviles, provocando que muchos países dependan actualmente de Pekín en este aspecto. Uno de ellos es Australia -país que concentra el 24% de las reservas mundiales de litio-, que el pasado mes de julio se dio cuenta de su error y bloqueó la adquisición de Alita Resources, firma especializada en minado de litio, por parte de Austroid Corporation, una empresa vinculada al régimen de Xi Jinping.

Por su parte, Estados Unidos ya se había percatado con anterioridad del avance chino en esta materia, y aprobó, en agosto de 2022, la Inflaction Reduction Act, «el mayor programa de inversión climática» en la historia del país, según Washington, con un presupuesto de 430.000 millones de dólares para potenciar la producción de tecnología sostenible en el país. Para ello, el país de las barras y estrellas atraerá a las empresas del sector ofreciéndoles beneficios como exenciones fiscales. Además, las firmas que quieran establecerse en suelo norteamericano para fabricar vehículos eléctricos tendrán que aceptar una serie de condiciones.

En este sentido, al menos el 40% de los minerales críticos como el litio empleado en las baterías deben provenir de «países amigos«, y por lo menos el 50% de los componentes utilizados para las baterías deben ser originarios de algún país de América del Norte (EEUU, Canadá o México), excluyendo las provisiones de China.

Así responde Washington al dominio de China sobre la cadena de suministro de minerales críticos para la fabricación de baterías. Control que llega incluso a la médula de Tesla, ya que el 17% de las compañías proveedoras ligadas con la construcción de coches eléctricos son chinas. Ello convierte al país asiático en el segundo mayor proveedor de la firma de Elon Musk, por detrás de EEUU, cuyas empresas concentran el 22% de dicho suministro. Además, según datos de Fronteo citados por Nikkei, el 39% de las 61 firmas vinculadas al almacenamiento de baterías son chinas y el 40% de las 42 firmas ligadas al refinado de metales no ferrosos -excepto aluminio- también pertenecen al país asiático.

En definitiva, China y Estados Unidos libran una carrera por el control de los minerales críticos en la que el país asiático se encuentra ligeramente por delante, gracias, entre otras cosas, a una política de subvenciones dirigida a las firmas productoras. La Casa Blanca respondió de la misma manera, y aunque la UE expresó su preocupación por una deslocalización de empresas hacia EEUU, Bruselas aplicó una relajación de las restricciones a las ayudas estatales de este tipo. Parece que la pugna por las baterías eléctricas discurre entre subvenciones del estado y beneficios fiscales, entre otros factores.

Fuente