Mientras el Gobierno choca consigo mismo a cuenta de la indemnización por despido improcedente -el más caro- y la idea de establecer cuantías ‘disuasorias‘, la situación del empleo vuelve a poner sobre la mesa propuestas que hace unos años presidían el debate sobre la modernización del mercado laboral, como el contrato único. Aunque ahora incluye un giro de tuerca que se extiende a los trabajadores con contratos fijos discontinuos.
La reforma laboral no tocaba la indemnización por perder un empleo, ni al alza ni a la baja. Pero la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz y UGT han abierto ese debate a propósito de la posibilidad de elevar las indemnizaciones por encima del límite legal. Eso sí, solo en casos de despido improcedente.
Pero hace unos días, los investigadores de Fedea Marcel Jansen y Florentino Felgueroso, planteaban revisar la compensación que reciben estos trabajadores al pasar a la inactividad, para que su coste «no recaiga en la sociedad». En diciembre, según datos del Gobierno, había 443.000 fijos inscritos como demandantes de empleo, de los que el 60% recibía una prestación.
Felgueroso recordaba que en otros países los trabajadores con contratos similares a los fijos discontinuos españoles reciben una compensación de su empresa mientras esperan a volver a ser llamados.
Pero encarecer este tipo de empleos remite a una de las bases del diseño del contrato único. Precisamente el ‘think tank’ se ha situado como el principal, aunque no el único, defensor de una propuesta que, si bien se ha visto modulada en varias ocasiones, bascula sobre tres pilares: reducción del número de contratos (entre uno y tres), rebaja de las indemnizaciones máximas por despido y elevar el coste de las extinciones de los empleos más precarios, como los temporales.
El contrato único nunca encontró eco en las reformas laborales emprendidas por PSOE y PP en 2010 y 2012, respectivamente, aunque sí cierta sintonía parcial con el primero de sus postulados. Así, el Ejecutivo de José Luis Rodriguez Zapatero ya planteó un abaratamiento del despido de 45 a 33 días para los nuevos contratos en su reforma laboral de 2010, algo que el Mariano Rajoy llevó mucho más allá en la de 2012 extendiéndola a todos los trabajadores en activo.
La argumentación era la misma que usaba Fedea: reducir el coste del despido de los empleados de mayor antigüedad hacía más atractiva la contratación en puestos fijos, reduciendo así la dualidad del mercado laboral entre unos trabajadores indefinidos ‘blindados’ y el resto condenados a la precariedad. Lo denominaban como ‘flexiseguridad’. Aunque los años han demostrado que las reformas no cumplieron el objetivo.
La idea de reducir las modalidades de contratación ha sido mejor recibida, si bien hasta la reforma laboral de 2021 no se dio un paso decidido con la supresión de los temporales por obra y servicio. Aunque Trabajo sitúa su norma en las antípodas de las propuestas de Fedea, que considera una fórmula para precarizar el empleo y abaratar el despido.
Lo que se obvia en este diagnóstico es la tercera parte del plan para implantar el contrato único: elevar la compensación de los trabajadores cuyos empleos tiene peor calidad y están en mayor riesgo de quedarse sin ellos. Incluso si técnicamente no se considera un despido.
Un 0,008% de despidos improcedentes
La Tesorería General de la Seguridad Social registró en enero 1,51 millones de bajas de afiliación con causa conocida. Apenas el 5,3% de ellas se produjo por un despido, ya fuera disciplinario, objetivo o colectivo. Y solo un 0,008% por uno que acabó siendo declarado improcedente.
Aunque hay que tener en cuenta que se trata de la improcedencia es una situación que solo se determina tras un procedimiento de conciliación o un juicio que puede extenderse durante más de un año.
Eso sí, estas indemnizaciones son sustancialmente más altas que las del resto de despidos: 20 días por año en el caso de los objetivos y cero en el caso de los fijos discontinuos. Más de la mita de los despidos registrados cada mes recaen en esta categoría.
Por el contrario, las extinciones por finalización de un contrato temporal suponen un 48,1% del total. Técnicamente no son despidos, pero perciben una indemnización de 12 días por año trabajado, más un finiquito. Si fueran despedidos su indemnización sería la misma que la de un indefinido, en función de los motivos para el cese.
Por otro lado, el pase a la inactividad de los fijos discontinuos mientras esperan un nuevo llamamiento tampoco conlleva indemnización (el contrato sigue vigente) pese a que el trabajador es dado de baja de afiliación y puede recibir una prestación por desempleo. Suponen un 15% de las bajas registradas en enero. Otro caso particular es del de las extinciones en periodo de prueba, que se han elevado un 44% en el último, aunque suponen un 4% del total.
Entonces, ¿por qué no penalizar esta volatilidad? Por la misma razón por la que la reducción de los contratos temporales solo se ha limitado a una modalidad: el rechazo de las empresas y los sindicatos.
Los primeros porque consideran que elevaría costes y reduciría flexibilidad, y los segundos porque su estrategia de negociación colectiva se sostiene en los trabajadores con contratos indefinidos.
Una «indemnización creciente»
Pero curiosamente, esta propuesta sí estuvo en la agenda de Pedro Sánchez hace unos años. Ocurrió en 2016, un año de bloqueo político en el que el PSOE trató de formar Gobierno sin éxito. En sus negociaciones, Sánchez firmó un acuerdo con Albert Rivera, líder de Ciudadanos (por entonces la tercera fuerza política) que recogía crear un contrato de hasta dos años de duración con una «indemnización» creciente de 12 a 16 días por su finalización.
Tras el primer fracaso de Sánchez para llegar a presidente, y unas nuevas elecciones, fue Mariano Rajoy quien logró formar Gobierno. Para ello pactó también con Rivera un acuerdo «reformista» que, en materia de empleo, recogía esta indemnización creciente. Pero la caída del Gobierno del PP dos años más tarde no permitió llevarlo a cabo.
Cuando Sánchez se convirtió, finalmente, en presidente, no reeditó su acuerdo con Ciudadanos y eligió a Unida Podemos como socio de Gobierno. No solo eso, sino que les encomendó pilotar la nueva reforma laboral, a través de Yolanda Díaz, cuya alternativa al «contrato único» pasa por encarecer los despidos que afectan a menos personas.
