Por Manuel del Palacio Socio Director PerseveraGrupo, DPD de CEEES | 16.11.2026

La Agencia Española de Protección de Datos admite determinadas excepciones, pero el control biométrico laboral continúa siendo una decisión jurídicamente arriesgada.

Habrás podido leer que la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha admitido la utilización de datos biométricos en el ámbito laboral. También habrás encontrado titulares que sugieren que vuelve a ser posible fichar mediante huella dactilar o reconocimiento facial.

Pero conviene aclarar algo antes de instalar nuevamente el lector de huellas junto a la caja de nuestra estación de servicio.

La AEPD no ha autorizado con carácter general el fichaje biométrico. Ha examinado determinadas circunstancias excepcionales y, en un caso concreto, ha considerado que no existían evidencias suficientes para acreditar una infracción.

Y esa diferencia es mucho más importante de lo que parece.

¿Qué ha ocurrido realmente?

El asunto tiene su origen en una reclamación contra una empresa dedicada a la producción cárnica, que utilizaba sistemas de identificación biométrica para controlar el acceso de sus trabajadores a determinadas instalaciones.

La empresa justificó que, por razones de seguridad alimentaria, sus empleados debían utilizar equipos de protección especiales y que los anteriores sistemas de identificación mediante tarjetas habían presentado problemas. También acreditó haber estudiado alternativas y explicó por qué no las consideraba igualmente eficaces.

Pero hay un detalle especialmente significativo: la empresa había sustituido la biometría por tarjetas en oficinas y otras dependencias, manteniéndola únicamente en la zona de producción donde consideraba justificada su necesidad.

Tras examinar la documentación aportada, la AEPD acordó archivar las actuaciones al no encontrar evidencias suficientes de infracción.

¿Significa esto que cualquier empresa puede implantar un sistema parecido? Evidentemente, no.

Significa que unas circunstancias concretas, acompañadas de una justificación documentada, permitieron alcanzar esa conclusión administrativa.

Archivar un procedimiento no equivale a conceder una autorización general.

¿Y qué sucede en nuestra estación de servicio?

Imaginemos que queremos instalar un sistema de fichaje mediante huella dactilar para evitar que un trabajador fiche por otro, controlar los cambios de turno o simplificar el registro horario.

El proveedor nos asegura que el sistema es seguro, que no almacena fotografías de las huellas y que miles de empresas utilizan esa tecnología.

Todo parece razonable.

Pero la pregunta que debemos hacernos no es si el sistema funciona correctamente, sino si necesitamos realmente utilizar datos biométricos para registrar la jornada.

¿No podemos hacerlo mediante una tarjeta personal? ¿Con un código individual? ¿Con una aplicación que permita identificar al trabajador sin analizar sus características físicas?

Si cualquiera de esas alternativas proporciona una eficacia equivalente para la finalidad perseguida, justificar la necesidad de recurrir a la biometría será especialmente complicado.

Además, una estación de servicio ordinaria difícilmente podrá trasladar automáticamente a su actividad las circunstancias excepcionales de seguridad sanitaria y control de acceso acreditadas por aquella industria alimentaria.

La obligación de fichar no significa que podamos hacerlo de cualquier manera

El artículo 34.9 del Estatuto de los Trabajadores obliga a las empresas a garantizar el registro diario de jornada.

Sin embargo, esa obligación no autoriza por sí misma a utilizar cualquier tecnología.

El Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), en su artículo 9, establece una protección reforzada para los datos biométricos destinados a identificar de manera unívoca a una persona.

Su utilización exige una base jurídica adecuada, una excepción aplicable a la prohibición general de tratamiento y el cumplimiento de los principios de necesidad, proporcionalidad y minimización.

Tampoco basta con pedir al trabajador que firme una autorización. En las relaciones laborales, la dependencia respecto del empresario dificulta acreditar que el consentimiento se ha prestado libremente.

Y no debemos olvidar otra obligación relevante: cuando el tratamiento presente un alto riesgo, será necesaria una evaluación de impacto en protección de datos antes de implantarlo.

No basta, por tanto, con comprar un dispositivo que anuncie cumplir el RGPD.

¿Ha cambiado el criterio de la Agencia?

Durante 2026 se han producido novedades jurídicas relevantes.

La Audiencia Nacional anuló, por razones procedimentales, la guía que la AEPD había publicado en 2023 sobre control de presencia mediante sistemas biométricos. Pero esa sentencia no declaró lícito el fichaje mediante huella.

Posteriormente, la AEPD ha matizado su interpretación del principio de necesidad en determinados tratamientos biométricos, destacando que deben valorarse las circunstancias y la eficacia real de las alternativas disponibles.

Sin embargo, esta evolución tampoco constituye una autorización general para utilizar biometría en el trabajo.

La conclusión continúa siendo la misma: cada empresa debe acreditar la licitud y necesidad de su tratamiento.

Nuestra recomendación sigue siendo preventiva

Desde PerseveraGrupo, en nuestra condición de Delegado de Protección de Datos, seguimos desaconsejando la utilización de sistemas biométricos para el registro horario ordinario en estaciones de servicio.

No porque exista una prohibición absoluta, sino porque las dificultades para justificar suficientemente su necesidad pueden superar ampliamente las ventajas operativas que ofrecen.

Y porque, ante una inspección o una reclamación, será la empresa quien deba demostrar que actuó correctamente.

Nuestra recomendación es sencilla: antes de contratar cualquier sistema de control horario, examinemos las alternativas disponibles y elijamos aquella que permita cumplir nuestras obligaciones con la menor intervención posible sobre los datos personales.

Recordemos que un proveedor puede garantizarnos el funcionamiento de su tecnología, pero no asumir por nosotros todas nuestras responsabilidades legales.

¿Merece la pena arriesgarse a un procedimiento sancionador cuando existen soluciones menos intrusivas?

Que exista una excepción no convierte la excepción en regla.

Y, como venimos defendiendo desde PerseveraGrupo, el asesoramiento preventivo resulta mucho más rentable que afrontar las consecuencias de una sanción.

Cumplir por convicción, no por obligación.

  Manuel del Palacio Anuarbe

      DPD de CEEES

      Socio director PerseveraGrupo

 

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