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Madrid, 26 de julio de 2018

La Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio (CEEES) aplaude la decisión de la Xunta de Galicia, que hace pocas fechas anunciaba la agilización de los trámites necesarios para abrir puntos de suministro de carburante al por menor en la región, siempre y cuando los nuevos negocios cumplan con la legalidad vigente.

Eso sí, el presidente de la patronal, Jorge de Benito, ha matizado que “quienes integramos la Confederación somos empresarios y como tales somos firmes defensores de la competencia. Pero siempre de la competencia leal, por lo que continuaremos denunciando la puesta en marcha de instalaciones de venta de carburante que no cumplen con la legalidad vigente, como sucede en el caso de las gasolineras desatendidas”.

El presidente de CEEES ha reiterado en numerosas ocasiones que “las gasolineras desatendidas no tienen cabida en el sector, porque con las normas vigentes es imposible que este tipo de instalaciones cumplan con la legalidad”.

Este mismo mensaje ha sido transmitido recientemente por el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), que ha elaborado un riguroso estudio que acredita que las gasolineras desatendidas “vulneran la legislación europea y española”.

El informe (descárgueselo aquí) prueba que la existencia de las gasolineras sin personal “vulnera de forma directa la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, texto con idéntica validez jurídica que los tratados. En concreto, se incumplen los artículos 20, 21 y 26 que garantizan la igualdad ante la ley de todas las personas, la no discriminación por razón de discapacidad y el derecho de las personas con discapacidad a que se adopten las medidas necesarias que garanticen su autonomía y participación en la vida de la comunidad”.

En lo que a la normativa española se refiere, el estudio destaca que el artículo 5 de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social (LGDPD) detalla que las medidas específicas que garanticen la igualdad de oportunidades, la no discriminación y la accesibilidad universal, se aplicarán, entre otros, a espacios públicos urbanizados, infraestructuras y edificación y transportes.

Sin embargo, pese a que se han cumplido todos los plazos relativos al desarrollo de las condiciones básicas de accesibilidad establecidos, el estudio denuncia “la falta de un desarrollo normativo imprescindible -el de acceso y utilización de los bienes y servicios a disposición del público- en el que deberían establecerse las condiciones básicas de accesibilidad de servicios tales como el suministro de combustible”.

Por eso, la plataforma denuncia “el grave perjuicio que supone para las personas con discapacidad la proliferación de este tipo de gasolineras”, que propician “una situación de discriminación indirecta, en la que este ‘entorno neutro’ origina una desventaja particular por razón de discapacidad”.

Por todo lo expuesto hasta ahora, CEEES apoya la propuesta de CERMI consistente en añadir al proyecto de texto refundido de la Ley de Consumidores una disposición que garantice de atención a personas con discapacidad y personas mayores en estaciones de servicio de carburantes para automoción.

CEEES también insta, al igual que lo hace CERMI, a los diferentes Gobiernos autonómicos a que, en sus leyes sobre los derechos de los consumidores, se regulen de forma específica los derechos de las personas con discapacidad.

Más información:

Departamento de Comunicación de CEEES

91 563 54 03

comunicacion@ceees.com

www.ceees.com/

Sobre CEEES

La Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio (CEEES) es una entidad de carácter nacional y sin ánimo de lucro constituida hace más de cuarenta años bajo el objetivo de ser el órgano de reunión de todos los empresarios de estaciones de servicio españoles.

Desde entonces ha centrado su actividad en la representación de sus asociados ante las diversas instituciones y organismos nacionales, autonómicos y locales, en defensa de su actividad profesional y la acción común para obtener mejoras morales y materiales de carácter general para el sector. En la actualidad representa los intereses de unas 5.000 estaciones de servicio en toda España.