El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) defiende que la reciente regulación extremeña sobre estaciones de servicio desatendidas «es plenamente respetuosa con la normativa europea y no puede ser puesta en tela de juicio invocando supuestas contravenciones al Derecho europeo».
«La normativa europea es tanto la que vela por la libertad de empresa y una competencia sin restricciones injustificadas como la que preserva los derechos de las personas con discapacidad a acceder a todos los bienes, productos y servicios sin discriminaciones ni tratos desiguales por razón o motivo de discapacidad», indicó el comité en una nota.
El Cermi recuerda que «la Unión Europea como organización supranacional ha ratificado por sí misma la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, al igual que todos sus Estados miembro, texto internacional de derechos humanos que consagra la no discriminación y la accesibilidad universal como mandatos terminantes».
A su juicio, la legislación extremeña de estaciones de servicio aúna de modo equilibrado las exigencias europeas en relación con el mercado interior y las de resguardo de la accesibilidad universal y derechos de las personas con discapacidad, por lo que «se atiene completamente al acervo jurídico europeo, sin que deba temerse por su adecuación a este».
El Cermi rechaza todo intento de desacreditar la regulación extremeña de gasolineras y anuncia que se personará en «cualquier procedimiento administrativo o judicial en sede comunitaria que pudiera incoarse en caso de denuncia interesada y parcial, que no tiene ningún viso de prosperar».
